La reciente imputación a tres funcionarios de la obra social de los empleados públicos por parte del fiscal Morales se contradice totalmente con la conferencia de prensa que, en su momento, supo llamar el doctor Arturo Aguirre para explicar que las acusaciones en su contra no eran otra cosa que un ataque político.
Para que la autoridad judicial haya llegado a este punto, más allá de cualquier opinión interesada, es porque evidentemente la denuncia que interpuso el diputado Cabur se expresa en una situación altamente sospechosa y que, definitivamente, la deberá aclarar la Justicia.
¿Víctimas o victimarios?
La compra de medicamentos oncológicos, en una proporción que de ninguna manera se compadece con la cantidad de enfermos afiliados a la OSEP, fue algo que no se pudo explicar en una provincia donde sus autoridades, para justificar la actividad minera, se cansaron de explicar que, a pesar de voces apocalípticas, no habían aumentado los casos de cáncer. ¿Cómo se entiende entonces el empleo de millones y millones de pesos para adquirir remedios que no se necesitan?
Si se suma a esta duda que nadie puede explicar el enigma de ir a comprar a granel en un laboratorio inhabilitado para hacerlo, se logra un cuadro de recelo sobre la actuación de la conducción de la OSEP y sus funcionarios los que, según Aguirre, precisamente eran “víctimas” de la calumnia de los denunciantes y de la oposición política. ¿O en este momento estará pensando, conforme a su curiosa forma de apreciar las cosas, que un fiscal se sumó a la conjura que lo tiene como principal actor?
La torpeza de querer meter las inusitadas compras oncológicas en el paquete general de adquisición de remedios, por parte del mismo diputado electo y amigo íntimo del gobernador, se convirtió en una nueva fuente de sospecha de un caso que, lo repetimos, no tiene retorno.
O se aclara que todo estuvo ajustado a las normas administrativas vigentes o la cúpula del organismo termina en el pabellón de los “fusilamientos” judiciales, quizá abriendo las puertas del cementerio renovador
Danza de nombres
Mientras la Justicia sigue adelante con sus acciones y va a remitir, quizá esta misma semana, el pedido de desafuero a la Legislatura provincial, en la intimidad de los tres funcionarios implicados -Gladys Burchasky de Moreno, María Quiroga y René Luna- aumentan las zozobras en directa relación al cierre del tiempo de la impunidad. Más de una voz, por ahora tímidamente, está refiriendo a las opulentas formas de vivir de personas que, supuestamente, solamente disponen de un sueldo común y corriente.
Apenas estalló el escándalo, cabe destacarlo, el diario El Esquiú se refirió concretamente a las dudas mayúsculas que pesaban en torno a las actividades que desarrollaba, por ejemplo, en el carísimo mundo del automovilismo, el cada vez más famoso René Luna.
La obra pública
El hormiguero que se ha destapado apenas finalizado el acto electoral del mes de marzo, sin embargo, sería apenas la punta del iceberg de otros hechos teñidos por el fantasma de la corrupción. Dicen los que conocen tantos movimientos del gobierno que, apenas comience el análisis de la obra pública, surgirán verdaderos focos de putrefacción. ¿Podrá ser cierto esto último atendiendo que, conforme a la propaganda del gobierno, se perseguía excluyentemente el bien para la provincia?
Será cuestión de esperar y confiar en el papel que juegue el nuevo gobierno. Dejando de lado cualquier intento de persecución o de maniobra política, tiene la obligación moral de deslindar las responsabilidades y llevar a la Justicia cualquier hecho irregular. No hacerlo sería flagrante claudicación moral, aparte del incumplimiento de los deberes.
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