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En el segundo día del seminario comenzó con un hecho inédito: por primera vez el juez federal de Quilmes, Luis Armella, un representante de Acumar, un miembro de una ONG que compone el Cuerpo Colegiado, dos representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación y el defensor de un partido castigado, como Avellaneda compartieron un panel en que se debatió sobre el demorado proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
“A partir del fallo Mendoza se ha logrado modificar la parte actora y la demandada a través de un consorcio que es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). El hecho de que exista un juez único encargado de la ejecución, significa que hay una mirada global y completa de los problemas que se susciten. El pedido de la Corte de un informe detallado significa que sigue atenta y está totalmente convencida de que hay una condena y que el Estado tiene que cumplirlo”, indicó Armella .
Cristina Maiztegui, responsable del Área de Ambiente, advirtió: “Hay dos temas a destacar: uno es que, cuando la Corte obliga a hacer el monitoreo del agua cada tres meses no es un pedido caprichoso, porque permite informar a la sociedad sobre cómo está ese curso de agua, debería trabajarse fuertemente para que se siga informando cómo está el agua; el otro son los indicadores para saber cuánto se logró de cada eje, pero como no hay avance al respecto, no hay manera de informar a la gente si se avanza o no, incluso a la Corte. La ausencia de la Secretaría de Ambiente (por la asuencia del secretario, Homero Bibiloni) no pasa desapercibida y, decimos con pesar, que esto no se corresponde con la relación de colaboración que estamos llevando a cabo”.
Andrés Nápoli, director del área de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y miembro del Cuerpo Colegiado, opinó sobre la ímportancia de la Acumar como institución y como ejecutora del plan de saneamiento: “Una cosa es el organismo de Comité de la Cuenca y otro es su funcionamiento. Solicitamos la conformación de un comité porque lo consideramos necesario y se hizo por una ley del Congreso. Pero este Comité deja mucho que desear en cuanto a su gestión, ya que existe un gran retraso en el cumplimiento de los mandatos de la Corte. No hemos llegado ni a un tercio de la fiscalización de las industrias. Hemos pedido un plan de reordenamiento territorial que nos parece fundamental, y hasta ahora no tenemos noticias”.
Y agregó: “Lo más importante fue el trabajo que plantearon los vecinos y la Corte poniendo el tema en la agenda pública, pero estamos pidiendo la concreción de esas órdenes. Esa primer etapa terminó, el fallo ya existe, y ahora lo que falta es que a esa sentencia judicial convertirla en una política de Estado”.
En ese sentido, Leandro García Silva, representante de la Defensoría del Pueblo intervino: “La importancia pasa por gestionar el día a día para que no se vuelva a generar esta situación”.
Sebastián Vinagre, Defensor del Pueblo de Avellaneda planteó la dramática situación que vive el partido: “Al estar cerca de la gente un lugar emblemático como Avellaneda que es el gran inodoro de la cuenca, tenemos una cultura del Riachuelo y no en zonas marginales, sino también en pleno centro, a tres cuadras de la Defensoría hay gente que vive sobre el Riachuelo”
“Si bien existe un avance en el programa de viviendas, la gente se va reproduciendo y hoy son más de 30 familias y, sino reaccionamos, va a seguir aumentando el número y hay que prestarles más servicios”, agregó Vinagre.
Gustavo Villa Uría, presidente del Consejo Ejecutivo de Acumar describió el trabajo que se está haciendo desde el Estado: “Estamos midiendo mensualmente el agua y AYSA ha seguido monitoreando con las universidades para cambiar la metodología y tener un parámetro para medir la calidad del agua. El dilema de Avellaneda lo tenemos todos los días, ya que les llevamos agua y esa provisión les da la expectativa de que se pueden quedar. Acumar está cumpliendo con los requerimientos del fallo de crear un organismo autárquico que pueda manejar su presupuesto. Se ha desligado de la Secretaría de Ambiente, es interjuridiccional. Van a entrar ahora 1200 cooperativistas con el plan “Argentina trabaja” para la limpieza de márgenes. Estamos en una política integral. No podemos decir que llegamos a un punto de inflexión, pero estamos llegando a indicadores que marcan algunas mejoras”.
El funcionario reconoció además, que hasta el momento sólo cuenta con el 50% del presupuesto asignado para el organismo, que de las 2000 industrias que se han inspeccionado en la cuenca (hay un universo calculado de entre 10.000 y 20.000) sólo fueron sancionadas dos por contaminar y sólo una presentó en tiempo y forma un plan de reconversión industrial.
Después del panorama desalentador, Armella aseguró: “Estoy convencido de que se va a llevar adelante el saneamiento, pero cuidar el medio ambiente es proteger al ser humano en cuanto a la integridad y la dignidad. Hay que romper intereses dentro de las internas: clientelismo, peleas por el dinero, manejos varios. Es un trabajo delicado en cuanto a proteger la institucionalidad de Acumar por intereses y manejos, y ese un trabajo mucho más arduo y complicado. Hay que romper con este clientelismo entramado endémicamente en torno a esta cuenca, y que claramente no se puede medir con ningún índice”.
Como conclusión, Maiztegui agregó: “A partir de esta sentencia podemos tener una conversación de política ambiental con Acumar par adarles una oportunidad de mejorar las gestiones ambientales de las industrias y la calidad de vida de los pobladores, entre otras cosas. El concepto de recomponer nos preocupa fuertemente porque puede que dentro de 10 años cumplamos con todo lo exigido, hagamos todos los deberes, pero que el ambiente haya vuelto a degradarse porque vemos que no está garantizado la previsión”.
Nápoli indicó: “Hay datos que deberían estar a disposición de todos para que la gente sepa si es para el saneamiento de la cuenca. Sólo con información, participación y compromiso vamos a sanear esta cloaca a cielo abierto que es el Riachuelo”.
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