El gobernador Eduardo Brizuela del Moral confirmó que la Provincia accionará judicialmente para frenar la aplicación de la Ley de Glaciares, que podría perjudicar la explotación de emprendimientos mineros. La movida ya había sido anticipada por su ministro político, Javier Silva, la semana pasada. Ayer, el mandatario ratificó la posición del Gobierno sobre el tema. "Seguramente optaremos por alguna acción judicial. Independientemente de nuestra ley (la normativa local que sigue demorada en la Cámara de Diputados), vamos a tomar todas las medidas judiciales para defender lo que establece la Constitución", dijo al término del acto de presentación de nuevos móviles policiales.
Fiscalía de Estado trabaja en un planteo que reafirmará la potestad provincial sobre los recursos naturales, que supuestamente vulnera la normativa nacional que está vigente luego de su reciente promulgación.
El Gobierno sostiene que la legislación que establece una serie de presupuestos mínimos de conservación de las masas de hielo, con el fin de preservar las fuentes hídricas, podría afectar la principal actividad económica de la Provincia.
De hecho, los tres senadores catamarqueños votaron en contra del proyecto finalmente convertido en ley, y en cambio impulsaron otro que era menos restrictivo.
La oposición de todas las provincias mineras a la normativa no consiguió revertir la sanción. Por eso cada distrito comenzó a perfilar la estrategia para evitar que la Ley de Glaciares termine imponiendo eventuales trabas para los nuevos emprendimientos mineros.
San Juan fue la primera que realizó un planteo sobre el tema. La semana pasada, y en tiempo récord, empresarios y gremialistas del sector minero consiguieron que el juez federal de esa provincia aprobara la suspensión de varios artículos de la ley en el territorio de esa provincia.
Con ese antecedente, Catamarca perfiló su presentación para asegurar el control de los recursos naturales a la Provincia.
Según recordó el gobernador Brizuela, todas las provincias que planean realizar una presentación de este tipo, cuentan con una Ley de Glaciares propia, a diferencia de lo que sucede con Catamarca.
La normativa local, que actualmente está en estudio en comisiones de la Cámara baja, fue objeto de una disputa entre el oficialismo y la oposición. Mientras el FCS reclama la inmediata aprobación, el interbloque sostiene que debe ser estudiada "a fondo". La puja, además, debe inscribirse en el reclamo de las autoridades de la Cámara al Gobierno por el envío de fondos.
La normativa local sobre este tema sigue demorada en la Cámara de Diputados
Fuente. Ei Ancasti
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