CARTA ABIERTA

Agradezco la difusión de las siguientes ideas en torno a la actividad minera y al momento que vive hoy nuestra comunidad.
Como nunca esta demás, me permito recordar algunos hechos acerca de los emprendimientos mineros en cuanto a las características, dimensiones y modalidades de explotación. Esta megaminería que hoy nos preocupa se realiza a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas como el mercurio, el cianuro y el acido sulfúrico. Además, lo que hace irreversiblemente insustentable a esta actividad, es la utilización que realiza del agua y la energía. Sin ir más lejos, minera La Alumbrera, que fue el primer emprendimiento de este tipoen la Argentina, utiliza 100 millones de litros de agua por día, lo mismo que utilizan 500 mil personas. También requiere más energía que toda la provincia de Catamarca.

El conflicto que mas causa temor en torno a estas explotaciones es la cuestión ambiental, y lamentablemente la ecuación ambiental es irreversiblemente negativa. Además de que no es posible controlarla, genera una disputa por el agua en las poblaciones cercanas a estos emprendimientos.

A esto se suma una política de saqueo económico encubierta, que propone espejitos de colores. Pintan escuelas, regalan ambulancias, compran voluntades. En este contexto, la Ley Nacional 24.196 -de inversiones mineras- procura excensiones impositivas irracionales para las mineras trasnacionales. Les ofrece estabilidad fiscal por 30 años. No pagan impuestos de importación de bienes de capital y tienen un tope a las regalías ya que las provincias no pueden cobrar más del 3%. Y una nueva modificación introducida a la ley redujo el valor de boca de mina, de modo que por cada 100 dólares de minerales que se llevan pagan solo 1.4% de regalías. Y tampoco tienen que liquidar las divisas en el país.

También esta la devastación institucional, cuyo máximo exponente es nacional: el veto presidencial a la Ley de Glaciares. Sancionada por unanimidad, esta norma prohibía la actividad en glaciares y ambientes periglaciares. Pero se veta de forma deliberada para beneficiar el emprendimiento binacional Pascua Lama (San Juan), por cuanto se desarrolla en glaciares y ambientes periglaciares. Sirva de ejemplo para ilustrar la devastación de las instituciones democráticas, proceso que promueve a su vez relaciones entre gobernadores y empresarios mineros. Es el caso del gobernador de San Juan (José Luis Gioja) y su vínculo con la empresa Barrick Gold, o el propio secretario de Minería de la Nación (Jorge Mayoral) que comparte directivos con esta empresa, hecho que fue denunciado por la diputada nacional de la Coalición Cívica – ARI Fernanda Reyes en el transcurso del año 2009.

También tenemos ejemplos locales como el ocurrido en el año 2005 en ocasión de haberse producido un derrame de concentrado del mineraloducto de Bajo La Alumbrera en la localidad de Villa Vil. En esa ocasión, por iniciativa y autoría del entonces concejal Carlos Haddad, se impuso un multa a la empresa por los daños ocasionados al medioambiente. Dicha multa no fue efectivizada desestimando la autonomía del poder legislativo local produciendo así uno de los primeros quiebres de la institucionalidad y que de ninguna manera, en nuestro carácter de defensores de las instituciones de la democracia podaríamos soslayar, y mucho menos dejar de lado para atender una actividad que ha contribuido al debilitamiento institucional.

Por eso decimos que se debe hacer un análisis conjunto de la problemática. No es solo una cuestión ambiental sino institucional y económica.

Hay siete provincias que tienen legislación prohibitiva, producto de la gran movilización social que existe en el país. Estas son Río Negro, Chubut, La Rioja, La Pampa, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Queda afuera Santa Cruz, San Juan y Catamarca, las tres provincias que actualmente llevan a cabo megaemprendimientos mineros.
Por lo que con una aplicación efectiva de los principios precautorio y preventivo, que obligan a prevenir el daño, sin dudas que la megaminería debería estar prohibida.

Por ello es poco comprensible que un grupo de vecinos andalgalenses aun quieran otorgar la licencia social a este tipo de emprendimientos con las pruebas a la vista del fracaso de esta política gubernamental. Y si les produce resquemores que nombremos a Bajo La Alumbrera, veamos el despojo que hacen de la rodocrosita y la inexistente renta por su venta.

En esto los organismos provinciales encargados de brindarnos garantías y seguridad por la actividad minera han fracasado con sus políticas de estado. Tanto el secretario de minería como el director de minería ya debieran haber renunciado varias veces y ser investigados por su actuación en cada oportunidad que se denuncio el robo y contrabando de piedra rodocrosita.

Pero volviendo al caso Alumbrera, me pregunto si estos funcionarios tomaron conocimiento de la investigación que realiza el fiscal tucumano Antonio Gómez no solo por la contaminación que provoca Alumbrera en suelo tucumano, sino también por el presunto contrabando de minerales. Por ello ni la secretaria de minería de la provincia, ni la secretaría de minería de la nación ofrecen garantías de credibilidad para otorgar un nuevo permiso de explotación. Sin dudas que con estos antecedentes el gobierno provincial y municipal no ofrecen garantías de seguridad y control ambiental, sino todo lo contrario.

El pueblo –quienes lo votaron y quienes no- ha salido y sale constantemente a las calles a expresar su miedo, su indiferencia o su rechazo a estas explotaciones sin embargo, tercamente pretenden seguir avalando dichas actividades, y me pregunto y les pregunto ¿cual es la razón por la cual están tan empeñados? Es un tema que podríamos abordar en otra ocasión.

Por ultimo hago publico mi rechazo al documento elaborado por la Mesa para el desarrollo de Andalgalá, quienes descaradamente han mancillado la memoria y la pluma de Arturo Jauretche, y muestra la falta de conocimiento y lectura del redactor del comunicado. Por que Jauretche fue uno de los prohombres de este país que denuncio los atropellos del colonialismo intelectual y económico, un hombre que denuncio a las oligarquías cómplices que pretendían regalar la riquezas de nuestro país, creando la corriente política FORJA cuyo objetivo fue la creación de una política nacional y de la recuperación de la soberanía contra el capitalismo extranjero. Si Jauretche hoy viviera estaría cortando la ruta junto a la Asamblea El Algarrobo.

Curiosamente Arturo Jauretche dijo sobre las fuerzas vivas:

“La expresión fuerzas vivas despersonaliza a sus componentes. Pronto las fuerzas vivas dejan de ser los intereses en si para identificarse con sus representantes, de donde los “ejecutivos” son las fuerzas vivas exclusivamente. Así aparecen los vivos de las fuerzas… pero si uno se pone a sacar punta termina por darse cuenta que las fuerzas vivas no son tan importantes ni indispensables como ellas hacen creer y que las verdaderas fuerzas vivas son las otras, las que construyen la verdadera vida del país.”

Una cosa más que Jauretche dijo: “los pueblos deprimidos no vencen”, y Andalgalá hoy podrá tener miedo, bronca e incertidumbre pero no esta deprimido.

Leonardo Ramallo
Coalición Cívica – ARI Andalgalá