LA OTRA CARA DEL MIEDO

A raíz de la minera que dividió al pueblo catamarqueño, una mirada que no se opone a la actividad ni a la ecología. Crítica a Solanas.
Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que haya sido hecho por el hombre, tiene que ver con la minería: el cemento, la cal, el hierro, los metales en general, los plásticos. Pero también el trigo, el yogurt, la madera, el matambre, el champú, etcétera, etcétera, porque, antes de estar listos para el consumo, necesitaron el arado, el fertilizante, una herramienta, una máquina, el envase. En fin, todo contiene o fue tratado con algún tipo de producto surgido de la explotación minera.
Así como es lógico evitar que el ser humano malogre su salud, su calidad de vida o su hábitat por razones económicas, no lo es tanto que los habitantes sufran necesidades y miseria por conservar el paisaje.
En el caso de la minería, la extracción de recursos naturales no renovables persigue la satisfacción de las necesidades de la población a cambio de un rédito económico. Los beneficios, claro, deberían ser tangibles: inyección rápida de dinero, ocupación de mano de obra y, con políticas adecuadas, la radicación de industrias subsidiarias.
De las cinco universidades nacionales que dictan la carrera de Ingeniería en Minas egresan profesionales idóneos, responsables y conscientes de su papel en la sociedad: se supone que no aspiran a hacer desaparecer poblaciones, envenenar aguas y terminar con animales, plantas y seres humanos.
Desde ya, no se trata de librar cheques en blanco. Como ciudadanos debemos exigir que los entes de control hagan cumplir las leyes a rajatabla, como es práctica común en otros países (Canadá y Australia son dos buenos ejemplos a imitar en el manejo de la actividad minera).
Esperanzas del pasado. Andalgalá es uno de los centros mineros de la Argentina y sus períodos de prosperidad estuvieron ligados al florecimiento de la minería. Desde chica escuché a mis mayores hablar esperanzados del regreso de la actividad minera.
En los años ´50, Fabricaciones Militares finalizó sus tareas en Minas Capillitas debido a un recurrente problema técnico: la imposibilidad de separar los minerales de cobre del resto de la roca con la tecnología en uso. El pueblo se desbandó, muchas familias se fueron a otras provincias, las casas se cerraron y el silencio sepultó el bullicio de los mineros en los días de franco.
En aquella mina habían llegado a trabajar 1.500 personas, además de todos los proveedores de insumos para ellos y sus familias.
El cierre de Capillitas trajo un letargo del que no se salió hasta 1995, cuando las empresas contratistas de Minera Alumbrera llegaron con sus camionetas y dólares.
Entre 1995 a 1998 se vivieron años de opulencia con el afincamiento de Techint y otras empresas de servicios a la Minera Alumbrera. Llegaron a alquilarse viviendas por más de
US$ 1.500 por mes; en la confitería Zorba, el inglés era prácticamente el idioma oficial y las camionetas 4 x 4 inundaban las calles de Andalgalá. Al margen de esas curiosidades, hubo trabajo para todos y la población creció a más de 24.000 personas.
Pero la bonanza sólo duró tres años. Los contratistas se retiraron cuando terminaron de prestar sus servicios y la Minera Alumbrera comenzaba sus trabajos en la mina, un lugar de difícil acceso.
Andalgalá vio cómo se alejaba el sueño.
Minería y política de Estado. Las regalías mineras que aportó Alumbrera, desde 1998, no se repartieron a los municipios donde se emplazó el proyecto. Salvo el Gobierno central, nadie dispuso de los ingresos correspondientes a esa actividad. Sucesivas peregrinaciones de los andalgalenses dieron sus frutos con la sanción de la Ley de Reparto Secundario de Regalías Mineras, en el año 2005.
Cuando el actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, visitaba Andalgalá –hace mucho que no se hace ver por allá—, la frase con la que comenzaba sus entusiastas discursos era: “La minería es política de Estado”.
Nunca dijo cómo haría esto efectivo, como tampoco lo hizo ningún gobierno desde la presidencia de Carlos Menem, en cuya gestión se sancionó la ley.
Tampoco hubo nunca –ni desde el Gobierno nacional ni desde el provincial— una política de comunicación. Nadie informó a la población los alcances que podría tener la actividad en el aspecto social, cultural o sobre el medio ambiente. De lo único que se habló fue de los aspectos económicos.
La falta de información de los organismos responsables dio lugar a la difusión de datos antojadizos, cifras incomprobables y la explotación del miedo a lo desconocido.
Cuando la minera Agua Rica retomó los trabajos de exploración y de factibilización del proyecto, en el año 2005, tenía que remontar el desengaño que había dejado Alumbrera.
A diferencia de lo que había hecho aquella, la nueva empresa ocupó personal de Andalgalá (ingresaron 120 personas), al tiempo que muchos contratistas reactivaron el comercio en el pueblo. La minera también realizó cursos de capacitación e impulsó programas de desarrollo de pequeñas economías sustentables, que le dieron una mínima inserción social. Pero todo volvió a perderse en marzo del 2009 cuando la empresa dejó de operar. La crisis mundial detuvo la marcha del emprendimiento que estaba a la espera del informe de Impacto Ambiental, el que fue aprobado por las autoridades provinciales en abril del 2009.

Por Graciela Álvarez – Andalgalá
Fuente: www.revista-noticias.com.ar